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Opinión

¿Dónde están los ladrones?

Septiembre 25 de 2020

Por: Naid Nuñez

Así como en esas historias macondianas de los pueblos del caribe colombiano, donde una enorme vaca se convierte de repente en un frágil y enfermo burro, que es sacrificado y vendido para ser transportado a otras comarcas, donde nadie sepa su origen ni sus antecedentes patológicos; Así como ya le había servido de inspiración,  en una de sus obras musicales a nuestra entrañable cantante y compositora barranquillera Shakira, que tituló con el nombre ¿Dónde están los ladrones? De igual forma, nos preguntamos los ciudadanos de Bucaramanga, al enterarnos que a los niños y niñas de las escuelas públicas que se benefician con el Programa de alimentación Escolar PAE, llevan más de una año consumiendo carne de burro,  comprada con la plática que todos tributamos a precio de carne fina de res, gracias a un “Inteligente “proveedor, que sin mediar ningún rasgo de ética,  la empacaba, le aplicaba químicos y la vendía a los operadores del PAE. 

La Constitución Política de Colombia, en su art 44, expresa que es derecho fundamental de los niños, entre otros, la alimentación nutritiva y equilibrada, como estrategia, para garantizar el desarrollo armónico e integral, pero más allá  de éste objetivo general, se busca contribuir con el acceso y la permanencia en el sistema público escolar, fomentado hábitos  de vida saludable e incrementando su capacidad de aprendizaje, para lo cual se suscriben contratos con los denominados operadores, quienes se encargan de suministrar los menús previamente revisados y autorizados por el ente territorial.

En el marco del Estado de Emergencia, derivada de la pandemia COVID-19, se tomaron una serie de lineamientos técnicos y administrativos (Res.0007 de 16 de Abril de 2020), con el fin de seguir brindando el suministro alimentario a las casas, donde parece ser, se hizo más evidente la calidad de las raciones de carne debido a los comentarios de los menores, en relación con su presentación, estado y color, como lo han hecho saber los mismos niños en audios que vienen circulando en la redes y soportados por la investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes acuciosamente  hacían  un seguimiento a las movidas chuecas de este proveedor.

Pero cómo es posible, que un contrato de alimentación escolar donde tienen injerencia tantos actores de carne y hueso, se permita pasar por alto, semejantes señales de desdeño en la calidad de los alimentos y particularmente de la carne?  Porque  es oportuno recordar que en estos contratos inciden, toda la comunidad educativa, secretaría de educación,  el Comité de Alimentos Escolares CAE, los personeros estudiantiles, delegados de las escuelas de padres o asociaciones de padres de familia y los consabidos supervisores y/o interventores, que tienen como obligación contractual, garantizar que se cumplan todos los protocolos sanitarios y se entreguen alimentos de primera calidad.

Pero más allá de la alteración de la carne, la falta de controles eficientes y oportunos de todos los organismos responsables, el silencio de los entes territoriales y los miembros del Concejo,  quienes fueron elegidos popularmente para ejercer el control político sobre la administración municipal, se percibe con claridad, que siguen perpetuándose las irregularidades en los procesos de contratación pública, que es la principal forma de corrupción administrativa, desde donde se desangra las arcas estatales y se arriesga la vida de los menores de edad, ya bastante golpeados por otras formas de violencia.

La corrupción como cualquier delito, deja víctimas.  La malversación de recursos públicos y  el beneficio de intereses particulares, afecta la vida, dignidad de las personas y disminuyen la credibilidad y legitimidad del Estado, ahora bien, cuando pensábamos que ya nada nos podía asombrar más a los colombianos, vienen estos personajes macabros, delincuentes bajo la sombra, que saben a “bien”  utilizar, la incapacidad, negligencia o falta de competencia de quienes deben controlarlos, para enriquecerse y generar un clima de permanente duda sobre la gestión de las administraciones municipales.

Al colapso de la ética  en los gobiernos, les debe seguir como fichas de dominó, los responsables de este hecho punible, para lo cual, no nos cansaremos de repetir  ¿Dónde están los ladrones? Y quiénes  más se beneficiaron,  al  hacerse  los de la vista gorda ante tamaña radiografía de lo que está  sucediendo en materia de corrupción en Santander y en todo el país, donde se han detectado múltiples formas de corruptela en los contratos del PAE desde hace mucho tiempo.

Quedamos a la espera de las exhaustivas investigaciones y que rueden cabezas como en tiempos de Robespierre!

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