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Opinión

En anhelo quebrado de vivir tranquilamente

23 de agosto de 2021

Los seres humanos hemos cedido parte de nuestra libertad para que una especial forma de organización llamada Estado dirija algunos aspectos fundamentales con el propósito de vivir tranquilamente en sociedad. Para ello, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, goza de legitimidad para crear normas y hacerlas cumplir y cuenta con un gigantesco aparato burocrático para velar por el respeto y la garantía de todos nuestros derechos.

La Constitución Política recoge el anterior presupuesto y define como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, asegurar la convivencia pacífica y proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes.

Sin embargo, hoy está en caída la imagen de ese gran director que es el Estado, por su papel inane en el manejo de la seguridad y por la falta de prevención y respuesta a distintos fenómenos criminales y la comisión descarada de múltiples contravenciones que se cometen a diario como si las reglas para vivir en sociedad no existieran y como si fuera más fácil violentar la Ley que cumplirla.

Lo que está ocurriendo ante los ojos de toda la ciudadanía pasa desde el irrespeto de las señales de tránsito sin sonrojarse, desafiando y burlándose de la incapacidad de la autoridad, hasta la comisión de horrendos crímenes por apoderarse de un celular, de un bolso, de una bicicleta; no hay lugar ni momento seguro, el riesgo de ser violentados permanece latente.

Pareciera que los delincuentes y los desadaptados perdieron todo margen de respeto y obediencia por la autoridad, la misma que cada día está más desacreditada por cuenta de mandatarios que se dedican a gestionar intereses privados mientras que las calles pululan las tragedias y la desazón. No hay liderazgo en ningún nivel del Estado, tampoco cambios estructurales; los hechos más graves quedan en anuncios de que se adelantarán las investigaciones, o en discursos desgastados que se hacen polvo al instante.

Ante los enormes desafíos la institucionalidad tiene que reconfigurarse y mejorar sus capacidades; sus esfuerzos deben volcarse a proteger al ciudadano, pues este es su justificación. Sin duda se ha erosionado una profunda crisis de legitimidad en las instituciones, la cual el Estado debe recuperar y trabajar bajo la premisa que muy bien escribió Rousseau “Convengamos pues en que la fuerza no constituye derecho, y en que sólo hay obligación de obedecer a los poderes legítimos”.

No puede olvidarse que vivir tranquilamente en sociedad no es una utopía, sino un derecho que todos debemos exigir; la seguridad y la convivencia pacífica no son ninguna concesión o dádiva del Estado, sino algunas de las contraprestaciones a su cargo fruto del contrato social que tácitamente todos aceptamos.

El rol de Estado no puede ser el de un mero recaudador de impuestos, efectivo para sancionar las faltas que menos afectan a la sociedad, pero blando para atacar la criminalidad; mucho menos la justicia puede seguir siendo un instrumento para atrapar los moscos y dejar pasar los pájaros.

Columna de Opinión por: Fabio Camargo

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