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Opinión

En defensa de la Constitución del 91

20 de mayo de 2021

Columna de opinión porFabio Andrés Camargo Gualdrón

En el agitado contexto que vive el país se escuchan cantos de sirena para proponer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y reformar por esta vía el sistema de justicia, so pretexto de combatir la corrupción que ha golpeado de manera estrepitosa la institucionalidad colombiana. La reforma a la justicia como se pretende, provocaría la sustitución de la Constitución del 91 al darle paso a la creación de una sola Corte y la eliminación de otros tribunales de justicia, como la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- que nació fruto del proceso de diálogo entre el Gobierno del ex presidente Santos y las FARC.

Los riesgos de abrir las puertas para mancillar la Constitución del 91 son altos, pues, no sólo se quiere por un sector político estatuir una sola Corte sino también limitar la acción de tutela, incluso, restringir el ejercicio del derecho a la protesta que permite a una sociedad en tiempo real expresar sus necesidades, frustraciones y descontentos. Y, en todo caso, abonado el terreno para una Asamblea Constituyente puede arribar cualquier tipo de propuesta de reforma a la Constitución, como revivir la tentación de la reelección presidencial, figura que en el pasado le hizo tanto daño a la democracia colombiana.

La Constitución del 91 es considerada la Constitución de los derechos ante el riquísimo cartapacio de derechos enunciados, entre ellos, los fundamentales que se protegen a través de un mecanismo queridísimo por los colombianos –la acción de tutela-.  La creación de la Corte Constitucional es otra de los logros de nuestro sistema democrático, toda vez que, éste órgano ha logrado darle vida al texto constitucional exigiendo la protección efectiva de los derechos fundamentales, muy especialmente de las minorías y los grupos excluidos como las víctimas del conflicto armado, los grupos étnicos, los campesinos, entre otros.

Ahora bien, no es un secreto que en Colombia los grupos de poder capturaron las instituciones estatales con el propósito de que se legisle y se gobierne conforme a sus proyectos, en detrimento del interés general. Así, mientras la Carta Política promete un Estado afincado en la defensa del bien común y la protección de los derechos de las personas más vulnerables, el gobierno de turno llega con una agenda particular a otorgar privilegios y ventajas a los grupos de interés, haciendo cada vez más gaseosos varios de los postulados previstos en la Constitución Política.

En este escenario, además de riesgoso el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente resulta engañoso, en la medida que es precisamente a un sector político a quien le interesa las reformas, para hacer más fácil el control de las instituciones y por supuesto con la intención de mantener el “status quo”, o sea, los privilegios.  Nadie niega que el fenómeno de la corrupción debe atacarse con contundencia, pero la vía no es debilitando el actual sistema de justicia con la creación de una sola Corte, o proponiendo reformas constitucionales que solo desvían y desgastan el trabajo de las instituciones.  

Más bien, lo que debe hacerse es trabajar sin descanso por cumplir los paradigmas de la Constitución del 91, igualdad real y efectiva, equidad, justicia social, acceso a tierras para los campesinos, solidaridad, y por supuesto, gobernar para todo el país, respetar las instituciones y su independencia. El problema no es en ninguna medida la Constitución del 91, todo lo contrario, allí se plantea una Colombia pluralista, incluyente, en la que prevalece lo social, el problema es querer mantener una estructura económica inequitativa.

Existen en Colombia varias realidades por transformar, y una sociedad que anhela vivir en paz, bajo la protección de sus derechos por parte del Estado, en la que primen los derechos y las oportunidades por encima de los privilegios.

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