28 de mayo de 2021
Columna de opinión por: Fabio Andrés Camargo Gualdrón
Se cumple un mes desde que iniciaron las protestas en Colombia y se volvió parte del diario vivir ver en las distintas ciudades multitudes de personas marchando, levantando arengas en contra del gobierno y manifestándose culturalmente a través de distintas maneras. Pero ese aguerrido esfuerzo por mantenerse en las calles en medio de la pandemia y después de varios días se ha visto opacado por las acciones vandálicas y delictivas de grupos más pequeños que se han concertado para destruir bienes públicos y privados con la única intención de provocar caos y miedo.
Sin duda se ha abusado del derecho a la protesta con los llamados bloqueos, los cuales son una verdadera afrenta para la ciudadanía porque viola y pone en peligro derechos fundamentales como la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, la salud, el trabajo, entre otros.
Por eso vale la pena recordar que ni la protesta ni ningún otro derecho constitucional son absolutos y que cuando se abusa de ellos afectando los derechos de otras personas el Estado debe ser contundente y oportuno para impedirlo, lo cual lamentablemente no ha sucedido y hoy solo se aprecia la incapacidad para cumplir el fin esencial y primario del Estado Social de Derecho de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, y demás derechos y libertades”.
Ahora bien, a la difícil situación social, económica y política se suma el descredito de la Policía Nacional, institución que de tiempo atrás ha estado en medio de fuertes controversias como consecuencia de las actuaciones de algunos de sus uniformados que se han extralimitado de sus funciones y esto ha provocado el rechazo y desconfianza en la ciudadanía, incluso, una especie de estigma hacia la fuerza pública.
Sin mayores elucubraciones se entienden las razones que han generado la crisis por la que atraviesa la Policía Nacional, sin embargo, la ciudadanía no puede radicalizarse ni arribar al desprecio por los uniformados, pues, sería un desacierto caer en la generalización de que todos son corruptos y violadores de derechos humanos.
Ponerse en las botas de un policía significa partir de que detrás de un uniforme hay un ser humano, una persona con familia, un servidor público que expone su vida todos los días por amparar los derechos de los demás; sin olvidar que los policías representan un grupo importante de víctimas a causa del conflicto armado, del narcotráfico y muchos han caído atendiendo los llamados de la comunidad.
Es cierto que ha existido abuso de la fuerza pública en las manifestaciones, lo cual no considero que haga parte de la doctrina de la institución; y en todo caso, afortunadamente en el Estado Social de Derecho están los diferentes órganos de control para investigar y sancionar. No puede existir tolerancia con los abusos policiales, pero tampoco consideración con el civil que con sevicia busca causar daño en su integridad.
Jurídicamente la fuerza pública siempre debe actuar como garante de los derechos humanos, y cualquier exceso de fuerza contra la población civil trasgrede la Ley; empero, éticamente no podemos perder de vista que la vida y la integridad personal tienen el mismo valor, sea de un agente del Estado o sea de la población civil.
De todo lo que está sucediendo debemos cuidarnos de los discursos de odio hacia las instituciones y de las falacias para mirar al otro como el enemigo. La ciudadanía no puede caer en estos entuertos, los verdaderos enemigos de la sociedad son la corrupción, la pobreza y la falta de educación.
Adenda. Presidente Duque, aún está a tiempo de sacar su talante democrático, reconocer a la ciudadanía como el protagonista de este estallido social es el primer paso; el segundo, es dejarse ayudar de personas que están fuera de su círculo político como el ex presidente Santos, no le deje la mano extendida.
