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Opinión

Estado embustero

16 de julio de 2021

Por: Fabio Camargo

En los últimos tiempos ha existido un retroceso en la protección de los derechos humanos y con un estilo contestario y chabacano se ha dejado mal parado al Estado Colombiano ante la comunidad internacional. Se ha querido manejar los temas de derechos humanos de manera doméstica, como si Colombia fuera un Estado aislado de la comunidad internacional o simplemente superior.

Para sustentar lo anterior, mencionaré 3 recientes casos que muestran fehacientemente el mal manejo de los asuntos internacionales y que han revelado la tierna ignorancia del gobierno para buscar sustraerse del cumplimiento de las obligaciones que surgen del Derecho Supraestatal.

El primero, sucedió el 15 de marzo de este año, en el caso de la periodista Jineth Bedoya Vs. Colombia, cuando la representación del Estado a través de la Agencia de Defensa Jurídica recusó 5 de los 6 jueces de la Corte Interamericana por “falta de garantías y objetividad”. En esta ocasión el Estado se comportó como un común litigante que busca dilatar el proceso y de paso amilanar a la víctima quien al no encontrar justicia en su país tuvo que tocar las puertas del organismo internacional.

El segundo, se dio en el sonado caso Petro, sobre el que ya hice referencia en la columna “Le amarraron conejo al fallo Petro”; sin embargo, para refrescar la memoria en esta oportunidad el Gobierno desconoció abiertamente el pronunciamiento de la Corte Interamericana que le ordenó ajustar su normatividad para que fuera el juez penal y no la Procuraduría el órgano competente para juzgar a servidores de elección popular, pues mantuvo la competencia en  el Ministerio Público y para darle apariencia de mejor forma le otorgó nuevas funciones.

El último caso tiene que ver con el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que luego de una visita en el país ante las distintas situaciones presentadas durante el paro nacional, recomendó al Estado Colombiano realizar ciertos cambios institucionales con el propósito de amparar el derecho a la protesta y evitar el uso desproporcional da la fuerza pública. Empero, como era de esperarse el Gobierno rechazó el contenido del informe y como si se tratara de un simple consejo de un conocido hizo caso omiso a éste con el endeble argumento de que las recomendaciones de la Comisión no son obligatorias.

Si bien cada gobierno maneja los asuntos políticos a su manera, no puede olvidarse que son los Estados los primeros llamados a respetar y garantizar los derechos de las personas y que la interpretación de los tratados de derechos humanos en todo contexto debe ser en clave de progresividad, siempre sujeta a graduarse, pero nunca a retroceder.

 Los derechos humanos son una conquista del ser humano contemporáneo y su protección hoy no sólo está en manos de las autoridades locales, sino de la comunidad internacional, que ha creado una institucionalidad independiente e imparcial, ajena del juego político, y por esto se entiende que su rol no es complacer al gobierno de turno sino proteger los derechos de las personas.

Adenda. En el departamento del Meta fueron asesinadas 4 personas que integraban una comisión en el marco del proceso de restitución de tierras; este hecho no sólo enluta al país, sino que tiene la connotación de gravísimo, al tratarse de población civil ajena al conflicto armado. Así que se espera verdad y reparación a sus familias, y garantías de no repetición para los funcionarios y víctimas que continúan haciendo parte de este difícil proceso legal.

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