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Política

La otra cara de la moneda y el complot judicial en contra de Edwin Ballesteros

EDWIN BALLESTEROS CONGRESISTAS FOTO: VALENTINA PÉREZ TORRES BOGOTÁ - COLOMBIA 28 DE AGOSTO DEL 2018

21 de noviembre de 2021

Para los colombianos medianamente enterados en el tema no hay duda, el exrepresentante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros es culpable, de lo que se le investiga y la certeza no radica en el perfeccionamiento de un proceso argumentativo sino que se da por sentado la falsa premisa popular que da cuenta de que político investigado es necesariamente corrupto.

En ese propósito ha tenido un papel preponderante los principales medios de comunicación nacionales cuyos periodistas han construido su versión sobre la investigación basados únicamente en las hipótesis acogidas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elaboradas por la Fiscalía delegada ante el máximo tribunal, versiones sobre la problemática que no contribuyen a tener un panorama ni claro ni completo sobre el proceso contra Ballesteros por una sencilla razón: a la historia le falta un pedazo.

El periódico EL FRENTE, actuando como políticamente incorrectos, apartados de la corriente informativa de la gran prensa, se dio a la tarea de adentrarse en las zonas oscuras del expediente que contiene el proceso penal contra el excongresista Edwin Ballesteros con el objetivo de brindarle a sus lectores la otra versión del cuento, esta vez desde la perspectiva de la teoría de la defensa del procesado, en aras de ofrecer equidad informativa y mayores herramientas de juicio a la comunidad interesada sobre el tema.

En el desarrollo de esta investigación periodística se obtuvieron hallazgos insospechados: adecuación errónea de conductas punibles, sesgo flagrante de los magistrados, desconocimiento del sistema de contratación público colombiano, tipificación de conductas con fórmulas normativas incorrectas, testigos con versiones encontradas, uno de ellos incluso con la fórmula para viajar en el tiempo, todo un rosario de irregularidades que fue avalado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de indagatoria, y que ahora es el prólogo del proceso en su parte de imputación de cargos ante la justicia ordinaria, luego de que el señor Ballesteros renunciara a su curul.


Colaboradores muy corruptos

Para poder entender la complejidad del expediente es necesario acudir al contexto: es un proceso extenso, con divisiones procesales que desencadenaron la apertura de al menos 25 procesos penales independientes para igual número de investigados, entre los que se cuentan contratistas, interventores, funcionarios de la administración pública en distintas instancias, secretarías y entidades públicas del orden departamental y donde adquirieron notoriedad los nombres de Richard Aguilar Villa y Edwin Ballesteros, no solo por los cargos que desempeñaban en el pasado lejano sino por los cargos que ostentaban en el pasado reciente: en otras palabras, los peces gordos de la investigación.

En medio de la investigación, adquirieron protagonismo los esposos Claudia Toledo y Lenin Darío Pardo, hoy aparecen en los medios de comunicación de gran penetración como los adalides de la justicia, príncipes de la dilación, cuando en realidad el calificativo que mejor les cabe es una pareja de confesos corruptos.
Hasta acá hemos hechos mención de las circunstancias generales. Vamos a las particulares y para ello hay que esbozar con claridad una cadena de hechos que hoy no son hipótesis ni versiones de uno o de otro, sino que son verdades jurídicamente probadas, indiscutibles ahora indiscutibles en todo caso.

El inicio del proceso

Aunque los hechos de los que hoy hablamos ocurrieron en el gobierno departamental de  Richard Aguilar, es en el gobierno de Didier Tavera cuando se denuncian ante las autoridades presuntas irregularidades en el contrato de reforzamiento del Estadio Alfonzo López, inicialmente se investigaban retrasos en la entrega de las obras pero con la apertura de aquella investigación se conoció todo un entramado de corrupción.

El primer nombre en aparecer fue el de Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la empresa contratista a cargo de las obras del Estadio, a quien se le investigaba por el incumplimiento.

Ante la presión efectuada por los Fiscales de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Santander, Reyes Sarmiento tomó la decisión de colaborar con la justicia denunciando una serie de irregularidades qué se habían presentado en la adjudicación del contrato.  

Las denuncias las concretó en contra de la Secretaria de Infraestructura del exgobernador Richard Aguilar, Claudia Toledo y su esposo Lenin Darío Pardo y en su proceso de colaboración con la justicia explicó cómo estas personas le ofrecieron el contrato y le pidieron en ese momento una coima del 16%, una suma cercana a los 2 mil 300 millones de pesos.

En su relato para lograr el preacuerdo con la Fiscalía, Reyes Sarmiento incluso narró la manera en que entregó el dinero, cuándo y dónde, haciendo énfasis por ejemplo en que repartieron los fajos de dinero sobre el lecho matrimonial y ahí distribuyen por denominación los fajos de dinero y los cuentan.  

Cuando se ven abrumados por todas las pruebas, los esposos Toledo Pardo cambian su estrategia para pasar de la defensa a la confesión y en ese camino toman la decisión de hacer también un principio de oportunidad en el que mencionan alrededor de 25 personas que según ellos conformaban una estructura criminal integrada y orquestada principalmente desde la gobernación de Santander y liderada por el exgobernador Richard Aguilar Villa, esto según los señalamientos de los esposos Toledo Pardo.

Salpican a Ballesteros

Una vez inicia la investigación formal en la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Richard Aguilar Villa, procesados que también se interesaron en obtener preacuerdos empiezan a hacer mención del nombre de Edwin Ballesteros y es ahí cuando se compulsan copias para ordenar la investigación en su contra, nuevamente en la Corte, por su condición de aforado debido a su cargo de congresista.

Particularmente, los señalamientos los efectúa Lenin Darío Pardo, esposo de Claudia Toledo quien, vale la pena destacarlo, en ningún momento señala directa o indirectamente a Edwin Ballesteros, como sí lo hace el señor Andrés Mauricio Díaz Herrera, interventor de las obras del Estadio, cuyos señalamientos los hace de manera indirecta, de oídas, consolidándose estos dos testimonios como las principales pruebas testimoniales en contra de Edwin Ballesteros.


Falta de garantías de la Corte Suprema

En esas condiciones inicia el proceso penal en la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante santandereano, una vez renuncia Ballesteros a su curul no solo cambio el juez natural, pasando el expediente de los magistrados a los jueces de conocimiento, sino que también cambió el modelo de juzgamiento, dejando atrás la ley 600, aplicada para los aforados, para adoptar la ley 906 o Derecho Penal Acusatorio, efectuándose también un último cambio, el de la defensa, anteriormente precedida por el exfiscal Eduardo Montealegre, y quien renunció a su poder tras denunciar sesgo por parte de los magistrados, parcialidad política, y falta de garantías para continuar ejerciendo la defensa de Ballesteros. ¿A qué se refería el exfiscal antiuribista que abogó por la inocencia de un uribista?      

EL FRENTE logró contactar al abogado Alfonzo Gómez Alba, penalista y constitucionalista, quien en entrevista para EL FRENTE narró toda una serie de irregularidades durante el proceso previo a la audiencia de indagatoria, las cuales dejaron la confianza de la Corte Suprema de Justicia por el suelo.

“Inicialmente lo que pretendíamos era permanecer bajo el modelo de juzgamiento de la Ley 600 teniendo como jueces a los magistrados de la Corte sin embargo fue muy evidente que hubo toda una serie de irregularidades qué se tornaron violatorias de toda una serie de derechos constitucionales y de garantías”, indicó el abogado Gómez Alba para descartar la teoría popular que da cuenta de que Ballesteros, así como cualquier otro procesado con fuero constitucional, renunció a su curul buscando tribunales laxos en medio de un acto de aparente cobardía.

“No nada de eso. En el caso de la defensa del señor Ballesteros le puedo demostrar con las actas de las audiencias que no se le dio la oportunidad de preparar la diligencia de indagatoria en debida forma porque hay que recordar que en la ley 600 una diligencia de indagatoria es también una diligencia en la que el procesado puede presentar pruebas en su favor, esa oportunidad se le negó injustamente al doctor Edwin Ballesteros”, aseveró el constitucionalista para luego detallar las particularidades del proceso.

“Al doctor Ballesteros la Corte lo venía indagando por una contratación de unas obras cuando él fue gerente de la Esant, concretamente en los municipios de Sucre, Landázuri, y Enciso, sin embargo, cuando se estaba en desarrollo de la diligencia de indagatoria aparecen una nueva serie de hechos que eran desconocidos tanto para el procesado como para la defensa. En razón a eso lo que se solicitó fue un aplazamiento de la diligencia precisamente para que la defensa tuviese el tiempo necesario de preparar los argumentos, tal y como lo exige la ley en el marco del debido proceso, sin embargo, el magistrado se negó a esta petición con lo cual quedó en flagrancia el sesgo en la Corte en contra del doctor Edwin Ballesteros”, detalló el jurista.

Testigo Lenin Pardo: relatos contradictorios

Además de las actuaciones procesales de la Corte Suprema, EL FRENTE pudo conocer también algunos de los apartes de las de las declaraciones del señor Lenin Darío Pardo en contra de Ballesteros y se pudo constatar que en los principales señalamientos existen evidencias serias de contradicciones.

Por ejemplo, en uno de los documentos que reposan en el expediente el señor Lenin Darío Pardo asegura que él entregó al señor Ballesteros un dinero a efectos de que se le adjudicará un contrato para la construcción de un acueducto en el municipio de Landázuri y en ese contexto es que el presenta ante la Corte una serie de chats donde se habla de un número de personas con el supuesto trasfondo de que eran supuestamente millones de pesos.

Indagado sobre este aspecto el abogado Gómez Alba contestó: “Los mensajes fueron descontextualizados por parte de los investigadores y del testigo para darle peso y sustento a la faceta de delator en medio del preacuerdo que efectuaba con la Fiscalía. 

“El señor Lenin Darío Pardo era uno de los estrategas financieros y políticos de mayor visibilidad en la campaña de Holgar Díaz, de tal manera que la conversación se genera en el marco de la actividad política electoral. Sin embargo, Pardo en sus declaraciones en la Corte quiso aminorar su papel en la actuación de esa campaña diciendo simplemente que actuó como un simple orientador el día de las elecciones cuando hay evidencias suficientes de que el manejaba la chequera, situación que negó ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía General de la Nación, eso demuestra el afán del señor Lenin Darío Pardo para acomodar convenientemente a su principio de oportunidad una serie de hechos para justificar de manera forzada sus relaciones”, indicó el abogado quien hizo un análisis textual en otra declaración en la que supuestamente Lenin Darío Pardo confiesa haberse reunido con Edwin Ballesteros para entregarle una supuesta coima que tenía como destinatario directo a Richard Aguilar, según la dilación.

“Y si usted analiza con detalle esa declaración comienza a encontrar incongruencias en las situaciones narradas porque son situaciones que no resultan lógicas: la plata que entregaba Lenin Darío era para Richard Aguilar para la adjudicación de un contrato, ¿por qué razón tenía que utilizar un intermediario como Edwin Ballesteros?, si el dinero llegaba directamente a los bolsillos del señor Richard, ¿para qué se lo entregaban primero a Edwin Ballesteros? Esa es una situación que no tiene lógica.

Precisamente, EL FRENTE estableció que para analizar la credibilidad de ese testimonio de Lenin Darío Pardo, la Corte entrevistó a los directivos de la empresa Ingecol, empresa que conformó el consorcio para la construcción del acueducto de Landázuri y ellos manifiestan que nunca conocieron al señor Edwin Ballesteros y que nunca hubo ninguna intención de tal cosa, y que nunca tuvieron conocimiento de negociar algún tipo de coima o pago para la adjudicación del contrato, situación que fue respaldada con los estados financieros de los dinero. En otras palabras, desmienten lo dicho por Lenin Darío Pardo en relación con las declaraciones para decir cómo se había adjudicado ese contrato.


El magistrado que no sabe de contratación pública

Uno de los temas de mayor trascendencia dentro del proceso penal contra el exrepresentante Edwin Ballesteros que ayuda entender lo parcializada que fue la actuación de la Corte Suprema de Justicia está específicamente en la adecuación jurídica del delito celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.  

Resulta que las empresas de servicios públicos domiciliarios, sin importar la naturaleza de su composición jurídica (privadas, públicas o mixtas), su régimen de contratación está regulado por el derecho privado y particularmente por la ley 143 del 94 y por su manual o estatuto de contratación.

Eso implica que el ejercicio contractual de empresas como la Esant no está sujeto al régimen de la contratación pública de la ley 80.

Eso tiene una connotación de alta importancia, en este contexto, no se puede hablar en una imputación judicial, dentro del régimen de las empresas de servicios públicos domiciliarios, de conceptos de amplia tradición en la contratación pública regida por la Ley 80 como licitaciones, anticipos, ofertas de procesos licitatorios, toda una serie de figuras que son propias para los procesos de contratación de las que habla la ley 80.

¿Cuál es la razón para que exista esta particularidad para las empresas de servicios públicos domiciliaros? Hay varias explicaciones, destacaremos dos.
La primera: para evitar que las empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza pública compitan en condiciones de desigualdad con empresas de naturaleza mixta o privada.

Es decir, si no fuera de esta manera, habría una desventaja en todos los procesos contractuales que quisieran llevar a cabo las empresas de naturaleza pública, razón que a la postre terminaría con una quiebra lenta y dolorosa para el erario público de dichas entidades.

La segunda razón tiene una connotación social: se propende por una serie de abreviaciones contractuales para este tipo de empresas en razón a que el desarrollo de las obras de infraestructura de su resorte pretenden cubrir necesidades imperiosas de las comunidades como, por ejemplo, lo pueden ser el suministro de agua o el saneamiento básico, de tal manera que si se obliga a estas empresas públicas a guiarse por el modelo de contratación de la ley 80, la realización de las obras tardaría dos o tres veces más de lo que ya tarda el modelo legal de contratación para el sector privado, contemplado, como ya lo dijimos en la ley 143 del 94.

La implicación que eso tiene en el caso de un Ballesteros es que la Corte Suprema de Justicia no tenía por que haber generado una imputación por el delito de contratación celebración de contratos sin él cumplimiento de los requisitos legales, debido a que las exigencias normativas que contempla la adecuación típica del referido delito no tiene cobertura legal para empresas como la Esant preparar argumentos de defensa ni material probatorio para este punto, así como para otros más.  

Y a este punto se suma otro de no menor gravedad, específicamente con este aparte: en el momento de la indagatoria, en la Corte Suprema de Justicia no le permitieron al equipo de la defensa preparar un alegato, violando flagrantemente el principio constitucional a la legítima defensa y el debido proceso.

“En materia de imputación para el caso de Ballesteros no se tuvo ni siquiera la oportunidad de que la Corte Suprema nos permitiera pedir precisiones y aclaraciones porque el magistrado no lo permitió con relación con circunstancias muy especiales y particularmente estás relacionadas con el régimen de contratación, porque se hace una imputación por un delito que no se ajusta al tipo de contratación por medio del cual se adelantaron los distintos contratos de la Esant, no hubo una claridad sobre la tipología contractual que se cuestionó”, indicó Gómez Alba.


El testigo que viajó en el tiempo

Por supuesto, a la hora de decir que alguien viaja en el tiempo apelamos al sarcasmo, pues en otro sentido, el real, solo hay otra explicación posible para este relato: el testigo miente.

Nos referimos concretamente al segundo testigo estrella contra Edwin Ballesteros, el señor Andrés Mauricio Díaz Herrera, representante legal de la empresa interventora del contrato de reforzamiento del Estadio Alfonso López.

Es oriundo de Boyacá y llegó a Santander luego de que varias personas se lo presentarán a Octavio Reyes (contratista de las obras de reforzamiento del Estadio) en Bogotá dónde surgió una amistad que meses más tarde y se prolongó hacia el área empresarial, propósito para el cual se radicaron en la ciudad de Bucaramanga, uno al lado del otro, en la misma oficina, donde se configuró la particularidad de que vigilante y vigilado compartiera tintos a cualquier hora del día.

En sus declaraciones ante la fiscalía delegada, Díaz Herrera relata el caos administrativo que se veía en dicha oficina, donde se utilizaban los recursos destinados para el reforzamiento del Estadio como plata de bolsillo, la cual, según sus propias declaraciones, era retirada de las cuentas mediante el levantamiento de actas presuntamente falsificadas, que luego se presentaban a la fiducia dónde finalmente les hacían el giro de los recursos.

Octavio reyes detalló que está práctica se elevó hasta una cuantía qué pudo llegar a los 400 millones de pesos, en medio de las presiones que se efectuaron para lograr la adjudicación del contrato del Estadio.

Pero para lo que concierne al caso del señor Ballesteros, y para lo cual decimos que logró viajar en el tiempo, está este testimonio: El señor Andrés Mauricio Díaz Herrera aseguro qué sacaron plata del Estadio para pagar coimas como las referidas para el acueducto del municipio de Sucre (Santander).

Pero nótese esta particularidad: la firma del contrato del Estadio se perfeccionó en 2015 y el contrato del acueducto de Sucre fue adjudicado en el año 2014, con lo cual surge una pregunta apenas lógica: si el contrato del Estadio se firmó en el año 2015, ¿cómo es que sacó recursos de esa contratación para pagar sobornos correspondientes a un año atrás? Está claro: la única explicación coherente es que él señor hubiese viajado en el tiempo un año adelante para poder tener los recursos y así pagar el soborno de un año atrás.

“Para resumir, las contradicciones de este señor son que se ubica en lugares donde otros testigos desmienten que estuvo y además en tiempos que no corresponden, sus declaraciones incluso son desmentidas por Octavio Reyes, su parcero de oficina.

Todo el expediente se encuentra por ahora en fase de análisis en la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública en su seccional Santander, se espera que luego de que asuman el expediente asuman actuaciones procesales ante los jueces del distrito judicial de Bucaramanga, adonde se definirá en primera y segunda instancia (si la hay) el futuro jurídico de Edwin Ballesteros. La justicia tendrá la palabra.

Fuente: El Frente

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