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Opinión

Le amarraron conejo al fallo Petro

22 de junio del 2021

Por: Fabio Camargo

El 8 de julio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado Colombiano a partir del caso presentado por Gustavo Petro, quien alegaba la violación de sus derechos políticos teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación lo había destituido de su cargo como alcalde de Bogotá, en uso de las facultades que la propia Constitución Política le otorga.

El ex alcalde acudió ante esta instancia internacional teniendo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra que los derechos políticos pueden ser restringidos exclusivamente por un juez, en proceso penal, y claramente la Procuraduría es una autoridad administrativa.

En otras palabras, se presentó una colisión entre dos normas, una de carácter internacional y otra de derecho interno, para lo cual era necesario que la Corte Interamericana resolviera el caso concreto, y de paso se pronunciara sobre si el actual modelo de juzgamiento disciplinario cumplía con los estándares y garantías de la Carta Interamericana.

Pues bien, luego de estudiar las pruebas y alegatos tanto del demandante como del Estado Colombiano concluyó que el diseño institucional vigente no respeta las garantías de independencia e imparcialidad, dado que la Procuraduría hacía las veces de juez y parte al investigar y decidir, y, en consecuencia, el Estado debía adecuar su ordenamiento jurídico interno para que se cumpliera con lo estipulado por la Convención.

A escasas semanas de cumplirse un año de la mencionada sentencia el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley presentado por la actual Procuradora, en el cual se le amarra conejo a lo ordenado por la Corte Interamericana, porque el ente de control seguirá con la facultad de destituir alcaldes, gobernadores, congresistas, y demás empleados de elección popular, en procesos no penales.

La fórmula del proyecto de ley fue la de otorgar “facultades jurisdiccionales” a la Procuraduría, lo cual es absolutamente válido a la luz del derecho nacional, pero insuficiente para cumplir con lo ordenado por el organismo internacional, pues, en todo caso, el ente de control seguirá siendo una autoridad administrativa, que no ostenta los atributos del juez, especialmente de independencia e imparcialidad, que en últimas se traduce en la confianza que debe imprimir toda la actuación al investigado y a la sociedad de que las decisiones se toman de manera neutral, sin intromisiones y con apego a la Ley.  

No bastaron los pronunciamientos de círculos académicos ni del propio Consejo de Estado en rechazo de la propuesta de la Procuraduría; empero, se trataba de una pelea entre tigre con burro amarrado, ya que la alta funcionaria no sólo contaba con el guiño de la Casa de Nariño sino también de los congresistas, quienes además de elegirla para el cargo saben que en sus manos está la suerte de sus actuales o eventuales investigaciones.

El fallo del caso Petro deviene de una Corte Internacional, a la que Colombia le ha reconocido jurisdicción, y se dio luego de un proceso legal en el cual al  Estado le otorgaron todas las garantías, y se fundamenta en el texto de un tratado internacional sobre derechos humanos; por lo anterior, resulta contrario al Derecho Internacional el incumplimiento grosero del mismo y la actuación del Estado revela una especie de dictadura que irrumpe contra la misma Constitución Política, norma que consagra que los tratados de derechos humanos prevalecen sobre el orden interno. 

El cumplimiento estricto del fallo no implicaba el debilitamiento de la Procuraduría, mucho menos su extinción; es todo lo contrario, este órgano pudo fortalecer su capacidad investigativa para atacar el fenómeno de la corrupción y dejar el juzgamiento a un tercero, pero esto no sucedió al no querer renunciar al poder de destituir a los servidores que son elegidos democráticamente.  Como si no fuera suficiente sacó tajada para aumentar su ya abultada burocracia, en un momento en el que se espera que el Estado sea ejemplo de austeridad.

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