16 de octubre de 2025
Resumen AI: Colombia se enfrenta al enorme desafío de cumplir su compromiso de eliminar el uso de mercurio para 2033, cuya principal fuente de contaminación es la minería ilegal. Esta actividad, impulsada por grupos criminales, envenena ríos, suelos y comunidades con consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente. Para contrarrestarla, el gobierno ha lanzado una estrategia que combina operaciones militares, como la «Operación Mercurio» para destruir la infraestructura ilegal, con la promoción de proyectos productivos lícitos que ofrezcan alternativas económicas a la población. Sin embargo, el éxito de esta lucha dependerá de superar obstáculos como la corrupción, la presencia de grupos armados y la débil presencia estatal en las zonas más afectadas.
Colombia se ha comprometido ante la ONU a eliminar gradualmente el uso de mercurio para 2033, un objetivo ambicioso que choca frontalmente con la cruda realidad de la minería ilegal. Este flagelo es identificado como la principal fuente de contaminación por este metal tóxico en el país. La minería criminal no solo se aprovecha de los recursos naturales, sino que opera con técnicas devastadoras que envenenan los ecosistemas, representando un desafío monumental para el Estado que trasciende lo ambiental y se adentra en el ámbito de la seguridad nacional.
El impacto ambiental de esta práctica es catastrófico. El mercurio, utilizado para separar el oro del mineral, contamina irreversiblemente ríos, suelos y el aire, envenenando las fuentes de agua y acumulándose en la cadena alimentaria. Comunidades enteras, incluyendo poblaciones indígenas y afrocolombianas que dependen de estos ríos para su sustento, están expuestas a niveles peligrosos del neurotóxico, sufriendo graves consecuencias para su salud como problemas neurológicos y de desarrollo.
Ante esta crisis, el gobierno colombiano ha anunciado una estrategia dual que combina la acción militar con proyectos productivos lícitos. La «Operación Mercurio» busca asestar un golpe contundente a las estructuras logísticas de la minería ilegal, destruiendo maquinaria pesada y bloqueando el suministro de insumos como el propio mercurio y combustibles. Paralelamente, se impulsan alternativas económicas en las regiones afectadas para ofrecer a las comunidades opciones de vida alejadas de la ilegalidad.
A pesar de estos esfuerzos, los desafíos persisten. La corrupción, la presencia de grupos armados ilegales que se financian con esta actividad y la vasta extensión del territorio colombiano dificultan el control efectivo. El éxito de la transición hacia una minería libre de mercurio dependerá de la sostenibilidad y efectividad de los proyectos lícitos, la continuidad de la ofensiva militar y la capacidad del Estado para hacer presencia integral en estas zonas históricamente abandonadas, donde la ilegalidad ha llenado el vacío institucional.
