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Opinión

Corrupción y burocracia

26 de octubre de 2021

Está demostrado con suficiencia por la justicia colombiana que, hacia el año 2000, los Paramilitares gestaron un proyecto político que les permitió usurpar funciones públicas a través y con la complacencia de servidores públicos, a quienes hicieron elegir a través de mecanismos ilegales para que una vez estuvieran posesionados en sus cargos, los beneficiaran con la contratación estatal.

Fue así como dicho grupo armado logró obtener una nueva fuente de financiación: los recursos públicos, y se abrió un luctuoso capítulo de la historia del país que envuelve, entre otros temas, el de corrupción administrativa.   

El plan criminal para capturar a la administración pública se logró gracias al control militar que la estructura ilegal ostentaba en ciertas zonas del país y en donde las propias instituciones estatales abandonaron su misión constitucional de proteger la vida y bienes de la población, y en cambio, permitieron que se cometieran cualquier cantidad de atropellos y atrocidades en su contra.

 En un contexto totalmente distinto al de las armas, pero con la misma consecuencia de afectar el desarrollo del país, la clase política ha desangrado el erario público por décadas y ha hecho de la corrupción toda una práctica cotidiana y grosera que se pasa campantemente por los ojos de la ciudadanía mientras que los órganos de control apenas pestañean.

Lo paradójico de todo esto es que a pesar de que los ciudadanos tienen todas las libertades para elegir a los gobernantes se terminan escogiendo personas cuestionadas y vinculadas a estructuras de poder que han hecho del Estado la mejor empresa para enriquecerse.

Pero el tema de la corrupción no sólo implica apoderarse de los recursos públicos sino también volver al Estado un fortín burocrático para pagar favores políticos y privilegiar los intereses personales en contra vía del interés general. Cierto es que quien gana las elecciones tiene el derecho a administrar la burocracia, pero esto no puede ser a cualquier costo, pues, el buen o mal desempeño de los empleados en los cargos tiene consecuencias.

Hay a quienes les beneficia la existencia de servidores corruptos y sin capacidad para orientar adecuadamente el ejercicio de lo público. Así, desde una visión amplia el fenómeno de la corrupción empieza cuando se nombra a una persona sin idoneidad para ejercer el cargo, sencillamente porque no se busca la optimización de los recursos.

Se echa de menos que la corrupción en todas sus manifestaciones afecta el desarrollo de un país y en todo momento aminora el cumplimiento del catálogo de derechos consagrados en la Constitución Política. De este modo, parte de la responsabilidad del ejercicio de los derechos políticos es votar bien, de lo contrario se seguirá alimentando un sistema político ya bastante corrompido.

Por: Fabio Andrés Camargo

Columnista de Opinión

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