El Tribunal Supremo de EE. UU. autorizó al Gobierno a suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, una decisión que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó alegando que Venezuela “ya no cumple con las condiciones” para dicho beneficio, debido a supuestas mejoras en su economía y seguridad. Esta medida ha sido descrita por expertos como “la mayor ilegalización instantánea de migrantes en la historia de Estados Unidos”, dejando a miles de personas sin documentos válidos para residir o trabajar legalmente en el país.
No obstante, esta justificación oficial es fuertemente rechazada por los migrantes y organizaciones de derechos humanos. Estos denuncian que la realidad en Venezuela es una crisis humanitaria grave, marcada por escasez, persecución política y continuas violaciones a los derechos humanos. Los afectados han calificado la situación de “devastadora”, con casos dolorosos que incluyen la pérdida de becas, el cierre de negocios y la interrupción de tratamientos médicos, según Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus.
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Ante la amenaza de la deportación inmediata, muchos migrantes han optado por la “autodeportación”, regresando a Venezuela por temor a ser detenidos, a pesar de que el regreso implica el riesgo de desaparecer “a manos del régimen”. Aunque una minoría podría intentar solicitar asilo político o visados humanitarios, la gran mayoría de los venezolanos previamente amparados por el TPS ahora queda expuesta a procesos de deportación. Esta decisión representa un duro golpe para quienes habían logrado reconstruir sus vidas fuera de la crisis venezolana, marcando un nuevo y estricto capítulo en la política migratoria de EE. UU.