Por: Ramiro Vásquez Giraldo, Veedor Ciudadano
B/manga 2 de Noviembre de 2026
La recuperación de Metrolínea exige más que anuncios sobre la compra de buses nuevos: necesita transparencia, planeación y garantías para el uso de los recursos públicos. Como veedor ciudadano, considero que la Alcaldía de Bucaramanga debe explicar cómo va financiar y a operar el sistema, cuáles serán sus responsabilidades y de qué manera evitará repetir los problemas que lo llevaron a la crisis.
Según la documentación que sustenta estas observaciones, el Convenio 348 de 2018 entregó a Metrolínea la administración de las estaciones durante diez años, con obligaciones de aseo, vigilancia, mantenimiento y reparación. Si ahora el municipio está asumiendo reparaciones con recursos propios, debe aclarar el fundamento jurídico y presupuestal de esas inversiones. Esto no demuestra por sí solo una irregularidad, pero sí amerita una revisión de los organismos de control sobre el cumplimiento del convenio.
Los anuncios sobre la adquisición de 130 buses padrones y diez articulados también requieren respuestas. Al parecer el ajuste del convenio con la Nación se firmaría en diciembre de 2026 y la flota estaría disponible en enero de 2027. ¿Qué estudios, recursos y procedimientos contractuales respaldan ese cronograma? La ciudadanía merece conocer los costos desglosados, la modalidad de selección y las garantías de entrega antes de que las promesas se presenten como hechos.
Tampoco está claro qué tecnología tendrán los vehículos ni dónde serán guardados y mantenidos. El antecedente del patio-taller del anillo vial, con inversiones y deudas de arrendamiento señaladas, obliga a explicar qué ocurrió con esos recursos y cuáles son las alternativas disponibles. Comprar buses sin resolver su infraestructura de soporte sería comprometer dinero público sin asegurar las condiciones para su funcionamiento.
La sostenibilidad del sistema no debería depender únicamente de nuevas transferencias nacionales. Es necesario revisar el modelo financiero, precisar las cifras de déficit y justificar la flota con estudios de demanda, rutas y condiciones viales. Además, la competencia del transporte en motocicleta exige una mirada social: recuperar usuarios implica ofrecer un servicio accesible, confiable y útil, no limitarse a medidas de control.
Mi llamado no es a frenar la inversión, sino a exigir que se haga bien. Metrolínea necesita cuentas claras, coordinación entre municipios y decisiones sustentadas en criterios técnicos. Antes de anunciar la llegada de nuevos buses, la administración debería demostrar que tiene un sistema preparado para operarlos y responder por cada peso invertido. Esa es la discusión que Bucaramanga merece.
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