Fotografía: Asamblea Departamental Santander
9 de Octubre de 2026
El Diputado Martín Alonso Gutiérrez, es el actor que instauró la denuncia de tipo fiscal ante la Contraloría de Santander, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y ante otros organismos, queriendo así que se investiguen las eventuales irregularidades en el plan de ejecución y en la ejecución del Anillo Vial Externo Metropolitano, el cual es una obra fundamental para el departamento, teniendo la apropiación presupuestal informada por el orden de los $480.063 millones. Tal solicitud está orientada a que se defina si los recursos públicos se han administrado de manera eficiente, y si existen riesgos de que se vean hoy o a futuro afectados los bienes de los santandereanos.
La gestión predial es una de las principales alertas manifestadas por el diputado. De acuerdo a la documentación aludida en la denuncia expuesta, al momento de la misma existían 220 predios a ocupar para 28 kilómetros de la obra; sin embargo, para el primer tramo priorizado, que corresponde aproximadamente a 17 kilómetros, entre Chocoita y El Bwey, aparecen 268 predios requeridos, una diferencia que puede resultar inquietante de cara a la planeación inicial y sus derivaciones económicas. Se suma que el propio avance físico de las obras, de acuerdo al documento de interlocutoria, correspondería a cifras que oscilan entre el 14 y el 17 %, y que, comparando con la información consignada por la interventoría para esta denuncia, no correspondería a ningún tramo plenamente ejecutado y terminado dentro del contrato de obra.
La denuncia cuestiona igualmente los cambios contractuales, las mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de estudios y diseños para una segunda fase del calzado que vale $8.516 millones, los cuales el diputado había solicitado someter a revisión técnica, jurídico y financiera. En la senda medioambiental, recalcó que la Corporación Autónoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) otorgó la licencia mediante la Resolución 1121 del 31 de agosto del 2026, motivo por el que pedía reconstruir la cronología de las actividades que han sido ejecutadas, certificadas y pagadas antes y después de la fecha de su expedición, así como practicar una auditoría específica con respecto al contrato de interventoría a fin de comprobar el respaldo técnico de las cantidades certificadas así como la justificación de los pagos.
De tal forma, Gutiérrez solicitó a los organismos de control la evaluación de la apertura de actuaciones fiscales y disciplinarias, la práctica de visitas técnicas en los tramos intervenidos y el análisis de la existencia de elementos que permitan determinar posibles responsabilidades, así como la revisión del cumplimiento que presenta el cronograma, cuya fecha contractual de terminación se encuentra fijada para el 7 de mayo de 2031. La solicitud no supone una declaración de responsabilidad imputable a los funcionarios o a los contratistas: se trata de que las entidades competentes verifiquen los hechos y analicen si ha sucedido alguna afectación al patrimonio público.
Equipo Editorial Carácter
