La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a tres exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro por su presunta participación en actos de acoso y violencia digital en contra de la periodista Diana Saray Giraldo. La medida afecta al exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza; al exviceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, Gareth Sella; y a María Niny Echeverry, quien ocupaba un cargo directivo en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) durante la época de los hechos.
De acuerdo con la investigación del ministerio público, los excolaboradores del Ejecutivo habrían utilizado sus cuentas en redes sociales y su investidura oficial para asociar falsamente a la comunicadora con un grave crimen y con hechos de orden público en el departamento de Arauca. El ente de control determinó que estas publicaciones desataron señalamientos punibles sin ningún tipo de fundamento probatorio, poniendo en riesgo la integridad y el ejercicio profesional de la comunicadora santandereana.
La conducta de los implicados fue catalogada provisionalmente en dos niveles por el despacho disciplinario: por un lado, como falta gravísima a título de dolo por la presunta comisión del delito de calumnia al usar sus cargos para desatar ataques sin pruebas; y por otro, como falta grave derivada del exceso en el ejercicio de la libertad de expresión. La entidad gubernamental enfatizó que dichas expresiones constituyeron actos de violencia digital, simbólica y psicológica, incorporando además un enfoque diferencial de género al advertir agresiones directas contra la condición de mujer de la periodista.
Este proceso entra ahora en su etapa de juzgamiento, instancia en la cual los exfuncionarios citados podrán ejercer su derecho a la defensa, presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren necesarias para responder por los cargos imputados. El caso marca un precedente relevante en el debate sobre los límites de la participación de altos dignatarios del Estado en plataformas digitales y la protección frente a la estigmatización de la labor periodística en el país.
