28 de mayo de 2021
Columna de opinión por: Fabio Andrés
Camargo Gualdrón
Se cumple un mes desde que iniciaron las protestas en Colombia y se volvió parte
del diario vivir ver en las distintas ciudades multitudes de personas marchando,
levantando arengas en contra del gobierno y manifestándose culturalmente a través
de distintas maneras. Pero ese aguerrido esfuerzo por mantenerse en las calles en
medio de la pandemia y después de varios días se ha visto opacado por las acciones vandálicas y delictivas de grupos más pequeños que se han concertado para destruir bienes públicos y privados con la única intención de provocar caos y miedo.
Sin duda se ha abusado del derecho a la protesta con los llamados bloqueos, los
cuales son una verdadera afrenta para la ciudadanía porque viola y pone en peligro
derechos fundamentales como la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, la salud, el trabajo, entre otros.
Por eso vale la pena recordar que ni la protesta ni ningún otro derecho
constitucional son absolutos y que cuando se abusa de ellos afectando los derechos
de otras personas el Estado debe ser contundente y oportuno para impedirlo, lo
cual lamentablemente no ha sucedido y hoy solo se aprecia la incapacidad para
cumplir el n esencial y primario del Estado Social de Derecho de “proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, y demás
derechos y libertades”.
Ahora bien, a la difícil situación social, económica y política se suma el
descredito de la Policía Nacional, institución que de tiempo atrás ha estado
en medio de fuertes controversias como consecuencia de las actuaciones de
algunos de sus uniformados que se han extralimitado de sus funciones y esto ha provocado el rechazo y desconanza en la ciudadanía, incluso, una especie de
estigma hacia la fuerza pública.
Sin mayores elucubraciones se entienden las razones que han generado la crisis por la que atraviesa la Policía Nacional, sin embargo, la ciudadanía no puede
radicalizarse ni arribar al desprecio por los uniformados, pues, sería un desacierto
caer en la generalización de que todos son corruptos y violadores de derechos
humanos.
Ponerse en las botas de un policía sígnica partir de que detrás de un uniforme hay un ser humano, una persona con familia, un servidor público que
expone su vida todos los días por amparar los derechos de los demás; sin olvidar que los policías representan un grupo importante de víctimas a causa del
conicto armado, del narcotráco y muchos han caído atendiendo los
llamados de la comunidad.
Es cierto que ha existido abuso de la fuerza pública en las manifestaciones, lo
cual no considero que haga parte de la doctrina de la institución; y en todo caso,
afortunadamente en el Estado Social de Derecho están los diferentes órganos de
control para investigar y sancionar. No puede existir tolerancia con los abusos
policiales, pero tampoco consideración con el civil que con sevicia busca causar
daño en su integridad.
Jurídicamente la fuerza pública siempre debe actuar como garante de los derechos
humanos, y cualquier exceso de fuerza contra la población civil trasgrede la Ley;
empero, éticamente no podemos perder de vista que la vida y la integridad
personal tienen el mismo valor, sea de un agente del Estado o sea de la población
civil.
De todo lo que está sucediendo debemos cuidarnos de los discursos de odio hacia
las instituciones y de las falacias para mirar al otro como el enemigo. La
ciudadanía no puede caer en estos entuertos, los verdaderos enemigos de la
sociedad son la corrupción, la pobreza y la falta de educación.
Adenda. Presidente Duque, aún está a tiempo de sacar su talante democrático,
reconocer a la ciudadanía como el protagonista de este estallido social es el
primer paso; el segundo, es dejarse ayudar de personas que están fuera de su círculo político como el ex presidente Santos, no le deje la mano extendida.
