Lunes 7 de abril 2025
Columna de Opinión Por: Luis Alberto Albán Urbano, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca – Partido Comunes
“Por Dios”, invocarían los creyentes. ¿Y por qué? Porque el organismo que se creó para garantizar la seguridad de los firmantes, el organismo en el que se trabajó más de año y medio para poder avanzar en lo que es la justicia restaurativa y las formas de garantizar justicia, y también garantizar verdad y garantizar la paz, ese organismo garante de los derechos de las víctimas, garante de los derechos de los firmantes y garante de los derechos de la población colombiana, está trabajando en otro sentido, o por lo menos, eso parece.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los grandes pilares del Acuerdo Final, una conquista de la esperanza para las víctimas, los firmantes del acuerdo y la sociedad colombiana. Su propósito era claro: ofrecer justicia restaurativa, garantizar la verdad, promover la reparación y cerrar definitivamente el ciclo de la guerra.
Pero hoy, con preocupación creciente, debemos preguntarnos si esta jurisdicción está siendo fiel a su mandato o si, por el contrario, empieza a desviarse de su camino.
Cada vez más firmantes del Acuerdo de Paz están siendo objeto de órdenes de captura por parte de la justicia ordinaria, cuando los hechos que se les imputan ocurrieron en el marco del conflicto armado. Es decir, hechos que por definición deberían estar bajo el análisis y competencia de la JEP. Sin embargo, magistrados y jueces de esta jurisdicción están devolviendo casos, lavándose las manos, y exponiendo a los firmantes a una justicia que no reconoce los compromisos adquiridos ni el contexto de la guerra que vivimos.
Como dice Sara María Triana Lesmes en su reciente columna, “mientras una parte de la JEP se doblega ante victimarios agentes Estatales, especialmente si son políticos con grandes haciendas en Córdoba, otra parte se convierte en una especie de verdugo que hostiga, amenaza y vulnera los derechos humanos de otro tipo de comparecientes, los que, creyéndolo o no, han estado participando de la construcción de la verdad y la justicia desde el día uno”. (https://elquinto.com.co/dura-es-la-jep-pero-es-la-jep/)
¿Qué sentido tiene entonces haber entregado las armas, sometido nuestra vida al escrutinio de una justicia transicional, y comprometido nuestros pasos con la paz? ¿Qué mensaje se le envía a quienes aún dudan del camino de la legalidad si quienes lo hemos tomado somos hoy perseguidos por las mismas estructuras que decían haberse transformado? ¿Para qué se construyó el Acuerdo Final de Paz?
No se entiende cómo, si ya existen máximos responsables que han asumido con entereza y dignidad su papel histórico, incluso por hechos en los que no participaron directamente, se insista ahora en buscar responsables intermedios. ¿Qué justicia es esa que ignora el valor de la verdad y de la entrega colectiva, solo para satisfacer una idea de castigo que poco o nada tiene que ver con la reconciliación?
La justicia restaurativa no puede convertirse en justicia selectiva. La JEP no puede actuar como un apéndice de la justicia ordinaria. Lo que está en juego aquí no son solo los derechos de los firmantes, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia transicional. Está en riesgo la confianza en el proceso de paz.
Nos duele profundamente ver cómo un instrumento que fue diseñado para cerrar las heridas del conflicto se convierte ahora en una amenaza latente para quienes trabajamos por la paz. No firmamos un acuerdo para terminar en la cárcel, sino para construir una Colombia distinta. Una en la que las víctimas tengan justicia, pero también verdad, reparación y garantías de no repetición.
La implementación del Acuerdo de Paz no puede seguir caminando entre contradicciones. La Jurisdicción Especial para la Paz debe rectificar, reafirmar su mandato, y volver a ser lo que prometió: un camino hacia la reconciliación, no una trampa jurídica para los que creímos en la posibilidad de otro país.
